La pandemia del COVID-19 está obligando a nuestras instituciones a adaptarse a un contexto que difiere de aquel en el que habitualmente desarrollan sus funciones. La organización de las elecciones no es la excepción. En Argentina, el año 2021 marca el inicio de un nuevo ciclo electoral en el que se deberán celebrar elecciones legislativas nacionales, elecciones legislativas provinciales en once distritos, y la elección de dos cargos de gobernación y cargos de concejales y jefes comunales de acuerdo a la legislación de cada distrito. Estas elecciones se darán en un contexto excepcional, en el que el movimiento, la aglomeración y el contacto entre las personas plantean serios interrogantes a la manera en la que se desarrollarán los comicios.

El punto de partida es la necesidad de garantizar que toda adaptación logística preserve una serie de condiciones o valores que hacen a la calidad de nuestra democracia: asegurar y garantizar la participación electoral, la igualdad en el acceso y ejercicio del sufragio y la equidad en las condiciones de competencia, el secreto del voto y el control ciudadano de parte de los fiscales partidarios y de las autoridades de mesa.

Las recomendaciones repasan los distintos momentos del ciclo electoral. Entre ellas, se destaca la necesidad de articular el trabajo de las autoridades electorales con referentes sanitarios para dar cuenta de la evolución del virus, la heterogeneidad de situaciones a lo largo del territorio y la disparidad con la que el virus y sus medidas paliativas afectan a diferentes segmentos poblacionales. También se propone el rediseño de materiales y actividades propias del proceso electoral con el fin de preservar la salud de los electores y personas a cargo de tareas comiciales.

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