EMERGENCIA SALARIAL UNIVERSITARIA

La situación de las Universidades nacionales se volvió crítica en la primera mitad del año. En los primeros meses de 2024 comenzó a advertirse que el Estado nacional desfinanciaba su funcionamiento por dos vías. Por un lado, no giraba los fondos para poder pagar los servicios y mantener la infraestructura existente. Simultáneamente, no actualizaba los salarios de sus trabajadores, que representan más del 80% del presupuesto total de las casas de estudio.
Esto derivó en un conflicto, en el que la mayoría de la sociedad (entre el 80 y el 90% según todos los sondeos de opinión) mostró un repudio a las decisiones gubernamentales. Luego de varias semanas de idas y vueltas, un punto de quiebre del conflicto fue una masiva manifestación que superó el millón doscientas mil personas expresando su apoyo a las universidades, en las calles de todas las ciudades del país. El gobierno debió tomar nota de esta realidad y anunció una actualización de las partidas de gastos de funcionamiento. Además, cambió su discurso público, que pasó del hostigamiento al reconocimiento de la relevancia de las universidades públicas.
Este cambio de postura pública, no tuvo la correspondiente actualización de los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes.
Recordemos que en el caso de la Universidad de Buenos Aires, nos estamos refiriendo a recursos humanos con la más alta calificación que dictan clases a 340.000 estudiantes y producen conocimiento en 72 Institutos reconocidos internacionalmente. Y también a profesionales de la salud que atienden en 6 hospitales universitarios. El de Clínicas, el más prestigioso hospital universitario de América Latina, el Odontológico que atiende a más de 250.000 pacientes al año, el Angel Roffo que atiende a miles de pacientes con patologías oncológicas, el de alta complejidad Alferdo Lanari, el de Ciencias Veterinarias y el Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza.
Frente a esta situación, el pasado 10 de julio el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró por unanimidad la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria. (RESCS-2024-796-E-UBA-REC)
Desde el Centro de Estudios por la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, recopilamos una serie de datos comparativos con el objetivo de graficar la grave situación salarial de docentes y nodocentes de las universidades nacionales.
En lo que va del gobierno de Milei los salarios de docentes y nodocentes universitarios perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo. Sólo aumentaron un 25% mientras que la inflación superó el 80%. Eso nos deja con una brecha del 55% entre salario e inflación que se traduce en pérdida de capacidad de consumo y ahorro.
Este bajísimo aumento de los salarios es llamativo incluso en este contexto de ajuste y recesión, porque al compararlo con las paritarias de otros sectores productivos podemos afirmar que no responde a un problema económico sino a una decisión política.
Tomando como referencia a sindicatos de comercio, construcción y bancarios observamos que los aumentos salariales durante 2024 rondan entre el 67% y el 70%, apenas 10% debajo de la inflación estimada y 30 puntos porcentuales mayor que el aumento a docentes y nodocentes.

Un docente universitario que se formó durante muchos años y tiene a cargo un curso completo cobra por mes aproximadamente $138.680. Si dividimos su salario por su dedicación, su hora de trabajo vale $3.602.
Utilizamos este dato para comparar con otros sectores productivos y nos encontramos con que un cajero de comercio cobra un 14% más que un docente universitario por hora, un vendedor recibe un 18% más, un docente de escuela inicial en CABA un 60% más y un empleado bancario percibe casi un 71% más por hora trabajada. Hablamos de puestos de trabajo que requieren en la mayoría de los casos menor nivel de formación explicitando nuevamente que para el gobierno la educación pública y sus profesionales no son prioridad.

Para visibilizar la inmensa pérdida de consumo que sufren los trabajadores de la universidad pública, analizamos cuál es su capacidad de compra con el dinero que reciben por cada día trabajado.
La jornada laboral de un docente equivale a 2 kilos de pan. Otra forma de medirlo es que es el equivalente a ½ kilo de vacío, por lo que con el trabajo de un día entero un docente universitario no llega a comprar un kilo de carne.


A través de los datos expuestos afirmamos que un Estado que maltrata a sus docentes con sueldos por debajo de la línea de pobreza busca vaciar la universidad pública de sus mejores profesionales. La educación de calidad necesita docentes y no docentes jerarquizados y con una justa retribución por sus tareas.