Nos estamos adentrando en un año que estará atravesado por una serie de factores: elecciones presidenciales, una severa sequía y una inflación que condiciona todas las decisiones políticas. De la mano de este complejo combo, las reservas del Banco Central serán las que estarán sometidas a un nivel tensión elevado.

Para rememorar el último episodio de sequía que tuvimos, debemos remontarnos a la campaña 2017/18 donde la cosecha de soja y maíz cayó 22% respecto al año previo, afectando la actividad agropecuaria que perdió un 15% anual durante 2018., resultando De forma similar, la campaña 2022/23 fue afectada sensiblemente por la falta de lluvias, teniendo efecto sobre los tres principales productos primarios exportables en una caída del 50% en la cosecha estimada de trigo, 17% de la de maíz y 12% de la de soja, respecto al año pasado. En total, se esperan perder unas 25.000 toneladas de producción en conjunto, equivalentes a 8.000 – 10.000 millones de dólares.  En línea con esto, el impacto negativo de la sequía en el nivel de PBI podría alcanzar el 1,5%.

Cabe resaltar que, a diferencia de lo sucedido durante 2021 y 2022, durante 2023 no se esperan mayores precios de commodities, sino lo contrario, por lo que no sólo nos enfrentamos a un efecto de cantidades (cosecha), sino también de precios, por lo que la economía perderá también ese amortiguador.

Desde el lado de las erogaciones, el año en curso también representa un desafío. Pues considerando los pagos de deuda que el país deberá efectuar, el principal acreedor resulta el FMI[1], donde los pagos netos ascienden a 3.000 millones de dólares (en contraposición de los 4.000 millones de financiamiento que el FMI nos otorgó en 2022). De este modo, no sólo se conjugan menores ingresos por exportaciones, sino también mayores egresos por deuda.

Los manuales de economía básica explican que por ley de oferta y demanda, cuando las cantidades demandadas superan a las ofrecidas, el precio sube. En este caso, al tratarse de un mercado de divisas, el precio resulta el tipo de cambio (dólar). Pero en nuestro caso, la presencia de un estricto cepo cambiario y múltiples tipos de cambio nos apartan ligeramente de las proyecciones que vaticinan los libros de estudio. Sumergidos en esta situación, la actual administración puede optar por dos opciones: la primera, es efectivamente devaluar y enfrentarse a los costos sociales asociados a una mayor inflación y, la segunda, mantener su política invariante hasta que las reservas en poder del Banco Central se terminen de diluir.

Planteado el problema de agencia que enfrenta el gobierno, entre medio se asoma el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el cual regula el acceso a importaciones por parte de productores y comerciantes. Entendemos que este será el alfil que utilizará el equipo económico para sortear transitoriamente estas restricciones. No obstante, quien sí percibirá el impacto negativo de una menor disponibilidad de insumos será la industria.

Si bien no se trata de una solución de largo plazo, entendemos que podrá utilizarse transitoriamente hasta los comicios de octubre. Pues la alternativa de devaluar agregaría varios puntos de inflación a una dinámica que navega de forma consolidada en el 100% anual. Implícitamente, lo que subyace es la noción de que quien tenga que efectuar las correcciones macroeconómicas será el próximo gobierno, trasladando así los costos de las inacciones de hoy a la próxima administración.

De todos modos, los agentes económicos son conscientes de esto y desarrollan sus propias proyecciones. En este sentido, al día de hoy, la expectativa de devaluación priceada en los contratos de futuro de dólar alcanza el 119% a 12 meses (unos 30 puntos por encima del ritmo de devaluación actual). Nuevamente, la problemática emerge en el mientras tanto, por lo que resulta esperable vivenciar secuelas de políticas como la de dólar Soja, con la intención de propulsar las liquidaciones del agro y con eso sumar dólares a las arcas del BCRA. Todo esto en el marco del acuerdo con el FMI que supone acumular reservas por 4.000 millones de dólares durante 2023.

Vale mencionar que estas operaciones no están exentas de riesgos, pues su repetida implementación genera efectos de acostumbramiento, lo cual opera como un talón de Aquiles: no se liquidan dólares a la espera de medidas extraordinarias (dólar Soja III, por ejemplo), retroalimentando la falta de dólares. Parece que esta receta ahora se ha replicado al sector vitivinícola. Asimismo, contribuye a un deterioro patrimonial del Banco Central, pues debe comprar a una cotización más elevada y vender a un precio más bajo.

En síntesis, las micro (in)decisiones de política comprometen a un entramado macro que termina afectando a todos los actores de la sociedad. A su vez, la falta de resolución de problemas de larga data se convierten en fantasmas que acechan constantemente la vida diaria, donde patear problemas hacia adelante no sólo entorpece cualquier intento de planificación de negocios, sino también alimenta una grieta social nociva para toda la ciudadanía.

Una vez más, queda en evidencia la falta de consenso dentro de la propia coalición gobernante, lo cual podría incluso solventarse con diálogo de ambos lados del cuerpo político.

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[1] Considerando que la reestructuración de deuda del 2020 despejó vencimientos para el 2023.