Por Matías Ruiz (Profesor FCE-UBA y Subsecretario de Hacienda de la UBA) y Juan Doberti (Docente e investigador de la UBA)

En los últimos dos años el sistema universitario argentino ha debido enfrentar nuevos desafíos originados por la necesidad de hacer frente a situaciones derivadas de la pandemia del Covid-19. Este escenario, sin antecedentes cercanos en cuanto a su magnitud, expuso ciertas necesidades que se manifestaban previamente pero adquirieron un carácter urgente, como el equipamiento de los hospitales-escuela de las instituciones de educación superior, la sustitución de la enseñanza presencial por metodologías mediadas por la virtualidad y la carencia de computadoras y conectividad adecuadas por parte de docentes y alumnos, especialmente aquellos provenientes de los sectores sociales más postergados.

Ante esta situación, el sistema universitario reaccionó con un gran esfuerzo a través del mantenimiento de las cursadas de las carreras mediante el traspaso a la educación a distancia de todas las instancias teóricas y la mayoría de las ejercitaciones prácticas en un plazo muy breve. Tanto los estudiantes como los trabajadores docentes y no docentes se adaptaron en un trabajo mancomunado que permitió sostener el ritmo de cursada de la mayoría de los estudiantes, pero que deja desafíos presupuestarios que deben ser encarados en el corto plazo, entre los cuales no pueden soslayarse los siguientes:

1) la capacitación a los docentes para el uso de las metodologías más apropiadas de educación a distancias, de modo de potenciar la adaptación abrupta realizada desde el año pasado;

2) la provisión del equipamiento y la conectividad para los trabajadores y estudiantes, de modo que no existan barreras de acceso a la educación superior derivadas de limitaciones económicas o de espacios geográficos no integrados a los avances tecnológicos; y

3) la mejora de los hospitales universitarios para adaptarse en forma adecuada a los flagelos sanitarios con el equipamiento moderno y el personal necesario para responder a las demandas sociales, especialmente de los sectores más postergados, entre los cuales figura en un lugar destacado la población de mayor edad que sufre con más profundidad los problemas de salud.

No obstante ello, más allá de los problemas que exigen soluciones urgentes, el sistema universitario tiene necesidades económicas que no podrán solucionarse en forma perentoria, sino que requerirán un esfuerzo sostenido en el largo plazo para dar sus frutos y contribuir al desarrollo nacional. En este sentido, debe señalarse que no existe ningún país con un tamaño de población medio o alto como el caso de la Argentina que pueda alcanzar un desarrollo elevado sin un nivel alto de capital humano. Ni los recursos naturales, ni la dotación histórica de capital, ni los precios internacionales favorables a los productos exportables permitirán dar un salto de calidad en las condiciones de vida de la población sin un elevado grado de educación del conjunto de la población. La experiencia comparada de los países que han tenido un mejor desarrollo desde la posguerra es altamente ilustrativa sobre esta situación. El lugar privilegiado que ocupan en el concierto internacional los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, los países europeos y, espacialmente, el crecimiento de los países asiáticos, en particular de Japón, Corea del Sur y China, tiene un correlato directo con sistemas educativos masivos y de calidad.

Un fenómeno adicional que debe tenerse en cuenta es el avance tecnológico, que sustituye los trabajos humanos repetitivos de baja complejidad por el uso intensivo de maquinarias. Esto se inició en el sector primario, luego en la industria y actualmente se observa en el sector de servicios. Por el contrario, los trabajos nuevos que se crean requieren mayores calificaciones laborales, para las cuales resulta fundamental la formación educativa de nivel superior. En este sentido, la experiencia internacional indica un altísimo rendimiento individual y social de la educación universitaria^[i] y los países más desarrollados se plantean que este nivel de estudios hoy constituye parte de la educación básica para el acceso a trabajos dignos con un aporte significativo para la sociedad. Es por ello que países como los Estados Unidos de América^[ii] se plantean la gratuidad de los estudios de grado universitarios, de modo que no haya barreras a los conocimientos imprescindibles para el desarrollo personal y del país.

El sendero del financiamiento público universitario en los últimos 25 años, tal como se observa en el Cuadro N° 1, hasta el año 2018 (último con datos oficiales y la situación ha deteriorado en los ejercicios recientes), muestra que el país más que duplicó el número de alumnos (aumentó un 137%); el gasto por alumno en términos reales creció un 21%; en términos del PIB la asignación subió del 0,53% al 0,75%; y, en términos de participación en el Presupuesto Nacional, pasó del 3,13% al 3,34%. Sin embargo, no existió una progresión lineal en estas variables, ya que dentro del período 1993-2018 se sucedieron varias crisis macroeconómicas intensas que generaron saltos significativos en las variables presupuestarias. Por el contrario, la evolución de la matrícula estudiantil fue casi siempre creciente por los mayores requisitos del mercado laboral y la escolarización creciente, aunque incompleta, de los niveles educativos previos.

Grafico N° 1. Principales Variables del Presupuesto Universitario

Año	Gasto Público Universitario como Porcentaje del PBIEn %	Gasto Público Universitario como Porcentaje del Presupuesto PúblicoEn %	Gasto Público Universitario por AlumnoEn $ de 2018	Estudiantes de las UUNNEn N° de Alumnos
1993	0,53	3,13	51.692	674.868
1994	0,55	3,49	50.704	719.671
1995	0,57	3,65	49.287	766.847
1996	0,56	3,74	47.011	812.308
1997	0,54	3,67	45.877	869.440
1998	0,58	3,65	46.261	946.757
1999	0,61	3,66	41.934	1.054.014
2000	0,61	3,75	40.206	1.120.417
2001	0,61	3,52	38.217	1.185.441
2002	0,52	4,20	37.295	1.231.333
2003	0,53	3,01	28.955	1.246.759
2004	0,52	3,40	27.860	1.273.156
2005	0,52	2,91	29.517	1.260.179
2006	0,56	3,54	38.493	1.264.560
2007	0,61	3,58	47.370	1.225.971
2008	0,65	3,62	50.375	1.239.996
2009	0,80	3,50	56.563	1.267.517
2010	0,77	3,86	60.584	1.316.119
2011	0,78	3,56	57.195	1.391.214
2012	0,82	3,55	62.667	1.394.782
2013	0,83	3,54	62.756	1.403.312
2014	0,82	3,48	62.774	1.430.982
2015	0,85	3,11	57.559	1.459.774
2016	0,79	3,31	57.283	1.487.432
2017	0,84	3,24	61.685	1.549.568
2018	0,75	3,34	62.685	1.599.737

Desde el punto de vista fiscal, el esfuerzo necesario para hacer efectivo el derecho a la educación superior será de gran envergadura. Debe considerarse que actualmente solo el 23,4% de los estudiantes en edad de realizar estudios universitarios están incorporados a este recorrido, tal como se observa en el siguiente Gráfico:

Gráfico N° 1: Tasa Neta Universitaria^[iii]

En la medida en que se concrete la meta establecida por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que determina la obligatoriedad del nivel medio de estudios, crecerá significativamente la demanda por carreras de grado. Esta masificación, y casi universalización, de la educación superior requerirá inevitablemente de mayores recursos, pero el desafío no será solo cuantitativo sino cualitativo para el desarrollo en el largo plazo.                     

En este sentido, como elementos básicos de este esfuerzo, cabe destacar a los siguientes:

1) el incremento de los recursos públicos, para dotar a la oferta universitaria de condiciones para una enseñanza de calidad;

2) el buen uso de los recursos, con una eficiencia en la inversión que, por ejemplo, evite duplicaciones de erogaciones y promueva las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que tienen fuertes externalidades para el crecimiento del país^[iv];

3) la complementación del sector privado, en un esfuerzo conjunto para una mejora de la calidad educativa, a través, por ejemplo, de un mayor impulso a la inversión en ciencia y tecnología y el compromiso del sector productivo en los consejos asesores de las instituciones de educación superior; y

4) la inclusión de estudiantes sin ningún tipo de discriminaciones de cualquier índole, ya sean geográficas, socio-económicas, de género, religiosas, etc., e incorporando a los jóvenes con capacidades diferentes, hablantes de lenguas originarias u otro tipo de grupos tradicionalmente marginados. Un énfasis especial debería ponerse en la incorporación de mujeres a las carreras de mayor demanda laboral, como las de carácter científico e ingenierías, espacios donde han estado históricamente subrepresentadas^[v].

El debate para una nueva Ley de Educación Superior, anunciado por el presidente Alberto Fernández en las dos últimas aperturas de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, aunque aún no efectivizado, constituiría un espacio inmejorable para enfrentar los retos del financiamiento educativo. Existen desafíos urgentes y otros que no son perentorios, pero sí son importantes. En ambos casos, la sociedad argentina debe plantearse las herramientas para canalizar los recursos para transformar positivamente al sistema universitario y, consecuentemente, al país en el largo plazo. El desafío es urgente e importante, es aquí y es ahora.

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^[i] OECD (2020). Education at a Glance Indicators.

^[ii] Discurso del Presidente Biden el 28/04/2021 por los 100 días desde su asunción presidencial.

^[iii] Nota: la educación superior no universitaria (terciarios de formación docente y técnicos a cargo de las provincias y la CABA) absorben alrededor de un 10% de los estudiantes de la edad teórica de estudios. Además, existen alumnos de una edad mayor a la teórica que se integran al indicador de la Tasa Bruta Universitaria.

^[iv] Estos efectos fueron tempranamente señalados por Julio H. Olivera en su texto pionero sobre temas de economía de la educación “La Universidad como Unidad de Producción” (1967).

^[v] Ver Doberti, J.I. Gabay, G. y Levy, M. (2020). El presupuesto universitario en la Argentina: ¿cuánto, cómo, dónde y a quiénes? INAP.