La semana pasada se dieron a conocer los nuevos valores para la canasta básica alimentaria y total. Así, durante el mes de junio estas aumentaron 3,6% y 3,2%, respectivamente. En la comparación interanual las variaciones se ubican en el 57,6% y 51,8%, superando la inflación acumulada en los últimos doce meses (50,2%).

Nuestro país emplea indicadores monetarios para estimar la incidencia de la pobreza en la sociedad. En este sentido, la línea de indigencia y pobreza se calculan en base a una canasta de bienes necesarios para subsistir. Mientras la primera toma en consideración los requerimientos calóricos mínimos para la vida (alimentación), la segunda amplía el espectro incluyendo otros ítems indispensables para la cotidianeidad como vestimenta, transporte, educación, entre otros. Actualmente, estos valores monetarios se ubican en $28.414 y $66.488, respectivamente, para una familia tipo.

Los altos registros inflacionarios de los últimos años han impreso cierto dinamismo sobre la evolución de estas canastas. Se ejerce así una presión sobre los hogares de menores recursos, dado que su incidencia en los ingresos es mucho más alta respecto a hogares más acaudalados.  

Por el contrario, durante los últimos años, aquellos períodos de desinflación correlacionan con una menor brecha monetaria de los hogares de menores recursos. En otras palabras, tomando en consideración una canasta básica total (CBT), la cual representa la línea de pobreza, y los ingresos promedio de los hogares pobres, se obtiene una brecha de ingresos que mide la distancia entre recursos y necesidades. Esto no hace más que darle una magnitud al déficit que presentan la media de hogares por debajo de la línea de pobreza. En concordancia con ello, durante el segundo semestre de 2017 y el primero de 2018 se aprecia una reducción en el déficit de los hogares pobres, coincidente con períodos de desinflación (cabe mencionar una inflación que pasó del 40,3% en 2016 al 24,8% para 2017).

En vistas de lo expuesto, toma relevancia considerar una política de desinflación como herramienta de reducción de la pobreza, en un país donde el 31,6% de los hogares son considerados pobres. Si bien este valor representa el promedio a nivel nacional, mirando hacia el interior de la distribución espacial logra apreciarse cierto grado de heterogeneidad. Así, la zona que concentra a los partidos del Gran Buenos Aires se ubica como la región con mayor incidencia de pobreza por hogar, ostentando la cómoda cifra del 40,9%, seguida por la zona del Gran Resistencia con un 40,3%, de acuerdo a datos del INDEC para el segundo semestre de 2020.

Nuevamente puede notarse una tendencia más suave de la incidencia de la pobreza durante los períodos de menor inflación, mientras que se observa una reversión conforme cambia la tendencia, coincidente con los momentos de mayor aceleración de los precios en finales de 2018/19/20. Este punto es destacable, pues también es cierto que en nuestro país el impuesto inflacionario es una herramienta de financiamiento del sector público, donde el promedio de los últimos 10 años se ubicó en el 3,7% del PBI. En este sentido, tanto el señoreaje como el impuesto inflacionario generan una distribución del ingreso hacia las arcas fiscales, donde los principales contribuyentes resultan los hogares pertenecientes a los deciles de ingreso más bajos. 

En concordancia con ello, cabe mencionar que Argentina ya se encuentra inmersa en un régimen de alta inflación, donde la tasa de cambio de los precios se ubica por encima del 50% anual. Esto no es más que la pérdida del valor del peso y, por tanto, del poder adquisitivo de todos los argentinos. A su vez, analizando la evolución de los componentes del índice de precios, se aprecia que la inflación en alimentos y bebidas promedió el 4% mensual durante el primer semestre de este año, dando por resultado una inflación anualizada en alimentos del 60%. Semejantes cifras son alarmantes en un entramado social que ya se encuentra en una situación de fragilidad, con una afectación completa a la canasta básica alimentaria, al mismo tiempo que representa un tercio de la canasta básica total (proxy de pobreza).

En conclusión, nuestro país enfrenta un arduo desafío en materia inflacionaria, la cual amenaza con seguir erosionando la distribución del ingreso y la vida de todas las familias argentinas. Por tanto, resulta imperativo instrumentar un set de políticas prudentes que permitan revertir paulatinamente estas tendencias. Sin embargo, dadas las dificultades que ello supone en materia de financiamiento del déficit público, resulta indispensable lograr cierto consenso político y social que ponga a la inflación en el centro de la escena y lograr, así, un proceso de estabilización de la economía, similar a los que experimentaron naciones vecinas.