Salvando la década de los 90s, donde la economía funcionó con una caja de conversión, el resto de los años en los que nuestro país tuvo una política monetaria autónoma la inflación promedió el 82% anual desde 1945^[1]. Sin embargo, este problema, ya crónico para los argentinos, no es extraño al resto de los países de la región.

Chile, por ejemplo, atravesó una hiperinflación en los 70s y convivió con tasas promedio de inflación por encima del 20% durante más de 15 años. Del mismo modo, el aumento de los precios en Perú llegó a rozar el 7500% en 1990 y navegó cómodamente en 30%, promedio, hasta el año 1997 donde la inflación alcanzó un dígito.

¿Por qué es relevante eliminar la inflación y lograr la estabilidad de precios? Robert Barro (1995) utilizó datos de 100 países para el período de 1960 a 1990 para estimar un modelo econométrico que represente cómo afecta la inflación a la tasa de inversión y al crecimiento económico.  Sus resultados arrojaron que el impacto de un aumento promedio del 10% de la inflación por año genera una reducción de la tasa de crecimiento del PIB real per cápita entre 0,2% y 0,3% por año. A su vez, genera una disminución de la relación inversión/PIB de entre 0,4% y 0,6% (principal rubro para crecer en el largo plazo). Si bien estos valores pueden parecer algo menores, cabe mencionar que en el mundo desarrollado la tasa de crecimiento se ubica en torno al 2,5% por año, por lo que una disminución de medio punto porcentual elimina un quinto del crecimiento potencial.

Ahora bien, ¿qué tienen estos países que lograron estabilizar la economía que Argentina no tenga? Puntualmente, los casos sugeridos se caracterizan por ser economías en vías de desarrollo, cuya matriz exportadora depende fuertemente de las materias primas <o commodities>, al igual que Argentina. Sin embargo, pareciera que la volatilidad en el tipo de cambio y los precios no es tan alta como aquí. Esto lleva a plantear el interrogante sobre por qué economías similares en su estructura productiva, que atravesaron fenómenos inflacionarios similares, presentan resultados homogéneos entre sí, pero diametralmente opuestos a los de Argentina.

Comenzando por el caso chileno, hacia finales de 1973 el país andino vio comenzar una nueva etapa en términos políticos. El gobierno militar de Pinochet prevaleció por casi 17 años y se caracterizó por un giro en su política económica, donde gran parte del staff de economistas en la función pública se habían formado en la escuela de economía de Chicago, lo cual hizo que sean conocidos como los Chicago Boys. En este sentido, las políticas implementadas se sintetizaron en prudencia fiscal (entendida como equilibrio en el presupuesto público, de modo de reducir la necesidad de financiamiento vía emisión o deuda) y una política monetaria activa con un rol protagónico del banco central chileno, donde se veló estrictamente por la estabilidad de precios. Para este último objetivo, la autoridad monetaria utilizó la tasa de interés como herramienta, absorbiendo dinero en circulación, de modo de mantener la cantidad de dinero constante. Estas nociones, aunque datan de hace tiempo, hallaban su sustento en la teoría cuantitativa del dinero. El éxito chileno se dio en el momento que la inflación alcanzó un dígito (1994) y se mantuvo así desde entonces^[2]. No obstante, algo que no debe pasarse por alto es que este proceso se dio durante un gobierno de facto.

Por otro lado, el caso peruano resulta también de interés, pues su economía convivió con altos registros inflacionarios durante años antes de presentar la habitual tasa promedio del 2,8% de los últimos tiempos. Sucede que A. Fujimori resulta victorioso en los comicios del año 1990. El entrante presidente era considerado una figura poco transparente en términos de gestión, mientras que tenía un sesgo marcado hacia posturas populistas. Sin embargo, pese a su imagen pública, Fujimori aplicó políticas de austeridad fiscal al mismo tiempo que elevó la tasa de interés, de modo de lograr una merma en la tasa de aumento de los precios y estabilizar así la economía. Este proceso fue exitoso y demoró unos 5-6 años, pero permitió darle a Perú años estables que fueron fructíferos en términos de actividad y renta. Algo que debe mencionarse, para lograr esto, el entonces presidente debió suspender el congreso.

Resulta curioso, así, evaluar si el régimen político tiene injerencia sobre la efectividad de ciertas políticas económicas, en especial cuando se pretende mantener la autonomía en términos de decisión. Este último aspecto toma relevancia en la literatura económica, pues el valor de una moneda depende de la confianza que los agentes tengan en la misma <característica esencial del dinero fiduciario>. De forma opuesta a esto, se halla la dolarización, empleada por países que luego de reiterados intentos fallidos de estabilizar su economía, debieron abandonar su moneda y adoptar una extranjera. El punto clave de ello es que el banco central del país dolarizado abandona la posibilidad de emitir moneda, por lo cual el público al concientizarse de esto asigna otro grado de confianza al dinero en curso, puesto que se trata de una moneda dura respaldada por una institución de larga trayectoria, como ser la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). En otras palabras, la dolarización toma lugar cuando luego de sucesivos intentos fallidos de estabilización, la sociedad abandona su autonomía económica y migra hacia las decisiones de política de un tercer jugador externo.

Una nación llega a tomar este tipo de medidas como último recurso, puesto que supone el abandono de cierta soberanía económica. Por tanto, los países que se rehúsan a esto optan por estabilizar su economía a través de medidas más tradicionales como la prudencia fiscal o el correcto manejo de la tasa de interés o agregados monetarios. Sin embargo, el éxito del proceso dependerá en buena medida de la credibilidad por parte de la sociedad, ya que se produce una suerte de teoría de juegos donde se requiere que las expectativas de las personas se alineen con las del hacedor de política, de modo de alcanzar el objetivo con los menores costos posibles.

Un ejemplo de ello puede ser el que cita Sargent (1981) al comparar la política económica de Thatcher y Poincaré. Centrándonos fundamentalmente en el segundo, se destaca la vital coordinación fiscal-monetaria que llevó a cabo el gobierno francés permitiendo alcanzar el éxito del plan. Durante la guerra, Francia financió sus déficits mediante la colocación de deuda interna como externa. Luego, a través del Tratado de Versalles, el país se aseguraba cuantiosos pagos por parte de Alemania en pos de la reconstrucción. No obstante, primaba entre el público la incertidumbre de que el gobierno alemán no cumpliera en su totalidad con el acuerdo, por lo que se gestaban en Francia ciertas expectativas de monetización del déficit. Poincaré, quien puso el foco en garantizar el equilibrio fiscal para la totalidad de su gestión, aumentó múltiples impuestos al mismo tiempo que estableció un fondo especial para hacer frente a los pagos de deuda pública, el cual fue administrado por una agencia independiente del Tesoro. Estas medidas, entre otras, consiguieron la recuperación del franco francés y el cese de la inflación (producto de la no-necesidad de monetizar déficit).

En este sentido, se destaca la vital importancia que reviste un compromiso creíble por el público, el cual sólo ha de construirse sobre hechos comprobables o, en otras palabras, instituciones fuertes. Por tanto, el rol de las instituciones más que ser secundario, se tornaría protagónico.

Así, en la medida que un país cuente con una política económica autónoma enfrentará lo que se conoce como el riesgo reputacional. Algo particular que sucedió en la década de los noventa en Argentina fue que la nueva política monetaria (caja de conversión) fue instaurada a través de la Ley de Convertibilidad del Austral, sancionada por el Congreso de la Nación. Esto permitió revestir de solidez a la política, puesto que era un compromiso que no se podía romper, ya que justamente se trataba de una ley. Sin llegar a tal extremo, comprometerse con una política de estabilización que no implique abandonar la soberanía monetaria supone demostrar buenos resultados para reconstruir la confianza de las personas, de modo que vuelvan a creer en su moneda (el peso) y, así, la demanden (atesoren). Tanto Chile como Perú lograron transitar y concluir con éxito este proceso, pero con la -triste- particularidad que cuando ello ocurrió, tomó lugar en contextos donde la democracia se vio restringida. 

En conclusión, en tiempos de libertad económica y democracias abiertas, lograr una estabilización de la economía llevará, por un lado, el claro compromiso del Banco Central para reducir la inflación, mientras que, por el otro, requerirá un consenso social y político donde todo el arco burocrático unifique criterios y prioridades, de modo que el conjunto de la sociedad comprenda que indistintamente de los colores partidarios, la política llevada a cabo es necesaria para un bienestar común mayor. Así, sólo reconstruyendo las erosionadas instituciones argentinas se logrará recuperar el camino del crecimiento que supimos conseguir.

Bibliografía consultada:

Barro, R. J. (1995). Inflation and economic growth.

Sargent, T. (1981). Stopping moderate inflations: The methods of poincare and thatcher. In Rational Expectations and Inflation (2013). Princeton University Press.

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^[1] Sin considerar el episodio hiperinflacionario de 1989-90.

^[2] La tasa de inflación anual para Chile resultó del 3,1%, en promedio, para los últimos 10 años.