Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19

Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19
El nuevo informe anual de la CEPAL advierte que la crisis ha agudizado los problemas estructurales de la región, proyecta una desaceleración para el próximo año y afirma que para sostener un crecimiento sostenible, dinámico e inclusivo se requiere aumentar la inversión y el empleo.

La economía de América Latina y el Caribe crecerá un 5,9% en 2021, según el último informe de la CEPAL[1]. Sin embargo, la economía se desacelerará en 2022, con un crecimiento estimado del 2,9%. El crecimiento se explica por “una baja base de comparación” luego de la contracción de 6,8% en 2020, sumado a los efectos positivos de la demanda externa y el aumento de precios en los productos que exporta la región. 

El mercado laboral latinoamericano fue el más afectado por la pandemia, según el informe, con una caída del 9% en la ocupación. La recuperación esperada para este año no permitirá alcanzar los niveles pre pandemia. Además, se produjo una fuerte caída en la participación laboral de las mujeres, con un 46,9% de desempleo en 2020, una cifra similar a la registrada en 2002. 

América Latina y el Caribe crecerá en 2021, aunque la pandemia continúa presente y la crisis agudizó los problemas estructurales de larga data en la región: baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza. Recuperar la inversión y el empleo especialmente en sectores vulnerables es clave para una recuperación transformadora e inclusiva. 

El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica. Antes del COVID-19 la región venía con una trayectoria hacia el estancamiento: en el sexenio entre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de 0,3%, menor al promedio del sexenio que incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran Depresión (1,3%). Además muestra una caída progresiva en la inversión, alcanzando en 2020 uno de sus niveles más bajos en las últimas tres décadas (17,9% del PIB). De igual forma, la productividad laboral cae significativamente.

Por otro lado, en 2020 la pandemia desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950. A nivel mundial, los mercados del trabajo de la región fueron los más afectados por la crisis generada por el COVID-19 -el número de ocupados cayó 9,0% en 2020- y la recuperación esperada para 2021 no permitirá alcanzar los niveles pre-crisis.

Asimismo, la pandemia provocó una fuerte caída en la participación laboral, en particular de las mujeres. Con la crisis la participación femenina llegó en 2020 a 46,9%, lo que representa un retroceso a los niveles de 2002. En 2021 se espera una recuperación de este indicador, que llegaría a 49,1%, pese a lo cual los niveles serían similares a los de 2008.

En materia fiscal, el reporte resalta que la política fiscal debe acelerar la inversión pública e incentivar y atraer la inversión privada. Es prioritario para la sostenibilidad de la política fiscal fortalecer los ingresos tributarios y reducir la evasión, que representa alrededor de US$ 325.000 millones (o 6,1% del PIB regional). En este ámbito, un mayor acceso a la liquidez internacional y mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda contribuiría a ampliar el espacio de política fiscal y monetaria de la región. 

El informe destaca la necesidad de fortalecer la banca de desarrollo regional, subregional y nacional con el fin de aumentar la capacidad de préstamos y de respuesta a la pandemia, así como el establecimiento de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados. Añade la importancia de mitigar la pro-ciclicidad de las agencias calificadoras de riesgos y contribuir a que la estabilidad financiera sea un bien público global mediante la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.


[1]https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/16/S2100393_es.pdf