Por Agustín Polzella*

El 26 de marzo del presente año, se celebró la Reunión de Jefes de Estado en conmemoración de los 30 años del MERCOSUR. Además de exponer los presidentes de los países partes y algunos de los asociados, también tuvo el uso de la palabra el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Felipe Solá, responsable de presentar el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR. En su exposición, el canciller declaró que “nosotros queremos mantener un espíritu de unión cada vez más estrecha entre los pueblos que cruzan nuestras aduanas y nuestras fronteras”. En este fragmento se manifiesta una tendencia sobre la que son partidarios ciudadanos de todas las naciones que son parte del proceso de integración económica: la institución de la libre circulación regional.

Además de que los ciudadanos del MERCOSUR sean tenedores de todos los derechos alcanzados en las instituciones regionales, el estatuto apunta a que los mismos se puedan disfrutar en todos los territorios sin la necesidad de presentar ningún tipo de documentación extra para que se garantice la libre circulación. Esta meta es uno de los pilares del MERCOSUR Político y Social ya que está ligado directamente a los flujos de migración intrarregional. El mismo es un proceso histórico, autónomo de la organización, que representó un desafío para toda la región.

Sin embargo, muchas resoluciones y decisiones que contienen normativa orientada a garantizar los derechos de los migrantes y están abarcados por el Estatuto no están vigentes en todos los Estados partes. Antes de abordar esta cuestión, es pertinente comprender por qué es importante el fenómeno migratorio para el Estado argentino.

A diferencia de otros países latinoamericanos, los masivos flujos migratorios europeos a principios del siglo pasado constituyeron en Argentina un fenómeno sumamente influyente en la sociedad nacional. En cierta forma, fueron un importante agregado para la construcción de la identidad argentina. 

A partir de la década de los 90’, las características del proceso comenzaron a mutar. Según un informe de la ONU, en estos años no sólo se observa ya un establecido debilitamiento del flujo migratorio proveniente de Europa, sino que la corriente migratoria, que se convierte en el nuevo flujo predominante, surge desde los países sudamericanos. Pasando a representar el 52% del total de inmigrantes recibidos por el Estado. Esta tendencia se fue profundizando y, en 2019 el 84% de los migrantes que llegan a territorio argentino son originarios de países latinoamericanos y caribeños, siendo las comunidades extranjeras más numerosas provenientes de Paraguay, Bolivia y Chile.

Desde ese momento hasta la actualidad, se implementaron diferentes tipos de políticas migratorias en el territorio, tanto restrictivas como inclusivas, pero con el nacimiento institucional del MERCOSUR en 1991, las decisiones en esta materia dejan de ser una respuesta unilateral para ser tratadas de forma multi y bilateral. 

Según la literatura académica, a partir del 2003 con la victoria de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, comienza el famoso giro a la izquierda en la región. Esta tendencia ideológica provoca un relanzamiento del MERCOSUR, que establecerá una nueva época para el proceso de integración regional mucho más enfocado en lo político y lo social.

Para adecuar las políticas migratorias a esta nueva corriente ideológica en la región, se crean instituciones como el Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR (FEM), dependiente de la Reunión conjunta de Ministros de Seguridad, Interior y Justicia, que se dedican a trabajar en resoluciones en conjunto sobre los problemas propios de los procesos migratorios.

Uno de los productos más fructíferos de estas instituciones es el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales del Mercosur, Bolivia y Chile. Este abarca beneficios tales como trato igualitario e igualdad en derechos civiles para todos los nacionales de las partes firmantes de la decisión y las familias de los mismos. Entre estos, algunos ejemplos son el derecho al acceso a la educación, al trabajo, a la salud, al sistema previsional, entre otros. A pesar de ser firmado en 2002, esta resolución no hubiera sido más que una simple declaración si no existía la voluntad política que tuvieron los gobernantes sudamericanos para llevar adelante las medidas adecuadas. El ejemplo más importante fue el programa Patria Grande en Argentina, dedicado a promover la regularización de los migrantes en el territorio, sea cual sea la situación legal en la que se encuentren.

A partir de este nuevo enfoque en derechos humanos, surge en 2010 el plan de acción para la conformación progresiva de un Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR. Que plantea contener los derechos establecidos por los Acuerdos firmados por los Estados parte y asociados, tal como se consiguió en el pasado mes de marzo.

Se puede decir en pocas palabras que el plan se cumplió virtualmente. Sin embargo, siguen existiendo grandes obstáculos que continúan siendo problemáticos para el bloque. El más evidente es el contexto actual, profundamente marcado por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Los pasos de frontera estuvieron limitados debido a que las migraciones terminan funcionando como transportes transfronterizos del virus y sus diferentes cepas. 

Pero además hay limitaciones propias del MERCOSUR, siendo el más importante el gran período de tiempo que se necesita para que los acuerdos estén vigentes en cada uno de los países partes. Es decir, el largo proceso de asimilación a las legislaciones nacionales de los postulados declarados en las decisiones y resoluciones del MERCOSUR. El ya tratado Acuerdo sobre Residencia es un ejemplo de este fenómeno. Solo empezó a ser vigente en todos los territorios 7 años después de su firma, cuando en 2009 la legislatura nacional paraguaya estableció su internalización.

De las 74 resoluciones y decisiones que están abarcadas por el Estatuto, hay 18 que todavía no están vigentes y muchas más que todavía no se han efectivizado en políticas públicas. Esto, además de implicar que muchos ciudadanos del MERCOSUR no cuentan con un respaldo formal de sus derechos en las instituciones nacionales, significa que también demoran las medidas tomadas por los Estados con respecto a las temáticas tratadas por los acuerdos. El lento proceso de internalización arrastra con él, el establecimiento de las políticas públicas particulares y, de la misma forma, a la verdadera efectividad de las mismas.

No son pocos los argumentos que caracterizan al MERCOSUR como un proceso de integración obsoleto, algunos responsabilizan a su composición institucional intergubernamental, otros a la disminución del comercio intrazona y la escasa promoción efectiva del mismo. 

Sin embargo, los objetivos políticos y sociales regionales con sus respectivas medidas nacionales en todos los territorios significaron un avance importante en la resolución de un gran número de problemáticas, entre ellos la irregularidad de las migraciones intrarregionales. Al día de hoy, se pueden señalar múltiples deficiencias de las mismas. Las demandas sociales sobre estas funcionan como incentivos para superarlas, sólo hace falta una nueva voluntad política regional que canalice estas demandas en resoluciones y medidas efectivas.

*Agustín Anibal Polzella es estudiante avanzado de Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), actualmente forma parte del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina (GIPEA) y se desempeña como ayudante de cátedra de la materia Política exterior Argentina en el siglo XXI.