En su artículo de 1953 Milton Friedman proponía diferenciar los análisis de políticas entre aspectos normativos y positivos. Mientras el primero hace referencia a cómo deben de ser las cosas, la segunda postura representa cómo son en la realidad. En otras palabras, lo que se propone es dejar de lado la evaluación de políticas públicas en base a sus intenciones, sino hacerlas en base a sus resultados.

Esta forma de pensar ha llevado a que ciertas decisiones puedan resultar, a priori, contraintuitivas o incluso negativas. No obstante, a la hora de evaluar por resultados puede que el fruto que se recoge sea mejor al que se esperaría en primera instancia. Dentro de este marco teórico se debatirá el impacto de la implementación de un salario mínimo en la economía.

Amplia es la literatura respecto al tema, lo que permite un análisis más abarcativo, tomando casos de estudios de diversos países y diversas economías. Para comenzar, nos situaremos en el caso estadounidense, cuyo mercado de trabajo podría resumirse en dos palabras: “flexibilidad laboral”. Dentro de los diferentes estudios que conciernen a su tratamiento, Brown, Kohen y Gilroy (1982) hallaron que un aumento del 10% en el salario mínimo se encuentra asociado a una merma en el empleo joven de entre 1% y 3%.

Del mismo modo, al estudiar su impacto en distintos sectores productivos, Cox y Oaxaca (1986) concluyen que un aumento del 15,7% en la remuneración promedio de los empleados no calificados, como resultado de la legislación sobre salario mínimo, hace que el nivel de empleo no calificado sea 11% menor del que sería en ausencia de dicha política.

Ya para el viejo continente, y con una normativa laboral distinta, en el año 1974 Holanda introdujo una modificación a su salario mínimo, estableciendo lo que se conoció como sub-salarios mínimos. Estos consistían en un pago proporcional de la remuneración mínima de acuerdo con la edad del empleado. De este modo, la legislación establecía un pago equivalente al menos al 30% del salario mínimo para jóvenes de 15 años, elevándose al 85% para aquellos que tuvieran 22 años. Consecuentemente, como bien señalan Mot y Teulings (1990), la proporción de empleados de 20 años que percibían un sub-salario mínimo disminuyó del 77,5% en 1981 al 61,5% en 1983, lo cual evidencia cierta contracción en la demanda de empleo para este segmento de la fuerza laboral.

Esto va de la mano de las observaciones hechas por Van Soest y Kapteyn (1989) para el caso holandés, donde en 1974 la proporción de empleados percibiendo el salario mínimo era del 9,9% mientras que en 1983 pasó a ser del 6,5%, lo que permite suponer que los empleadores durante momentos recesivos expulsan aquellos trabajadores de menor productividad (y, por ende, de menor costo). A su vez, entre 1980 y 1984 la desocupación trepó del 3,4% al 8,1% mientras que el salario mínimo creció 10%. Así, posterior a la disminución del salario mínimo en 1984, el desempleo se redujo a 7,3% en 1985 y se ubicó en 5,1% para finales de la década.

Por su parte, el caso de Portugal se torna interesante, pues en 1987, producto de una disminución en la mayoría de edad, las autoridades eliminaron el sub-salario mínimo para los jóvenes de 18 y 19 años, por lo que estos grupos comenzaron a percibir mayores haberes. En base a ello, Pereira (1999) realiza una suerte de experimento natural, apoyado en un modelo econométrico, por lo que evalúa los cambios en la composición del empleo contrastando antes y después de la medida. Así, durante el período de 1986 a 1988, el crecimiento en el empleo para el grupo afectado es menor que para cualquiera de los grupos de control (jóvenes que no se vieron alcanzados por la política), por lo que parece haber un claro impacto negativo sobre el empleo. Por medio de regresiones, el estudio concluye que un aumento del 10% en el salario mínimo de los adolescentes se encuentra asociado a una caída del 4% en el empleo del grupo en cuestión y un aumento del 0.9% en el nivel de empleo de los jóvenes adultos. Resultados similares son alcanzados también por Cerejeira (2008). Esto permitiría intuir que al aumentar por ley la remuneración mínima, se reduce la prima a pagar por contratar recursos humanos de mayor calificación, viéndose abaratado este factor en términos relativos.

En forma opuesta a estos descubrimientos se encuentra el trabajo de Dickens, Machin y Manning (1999) quienes realizaron un estudio similar para Reino Unido donde concluyen que la recuperación del salario mínimo durante el período 1975-1992 permitió generar una compresión en la distribución salarial (es decir, la diferencia entre los trabajadores más y menos remunerados se achicó), sin encontrar resultados negativos sobre el nivel de empleo. 

Ello iría de la mano con la idea propuesta por Manning que concibe al mercado de trabajo como uno monopsónico (con un único demandante, a diferencia del monopolio), donde las firmas tendrían cierto grado de poder de mercado, por lo que podrían determinar los precios (salarios). Consecuentemente, esto podría ser eludido mediante la presencia de sindicatos o un salario mínimo. De este modo, se evitaría que un precio bajo de la mano de obra (salario) genere un nivel de oferta subóptimo, por lo que la puja ascendente de un salario mínimo incentivaría un crecimiento de la misma, mejorando el nivel agregado de empleo.

Posiblemente otra noción que opere de forma subyacente sea que incrementar los salarios de aquellos empleados con una alta propensión al consumo (y bajo nivel de ahorro) podría generar un incremento en el consumo doméstico que se derramaría al conjunto de la economía, facilitando la creación de empleo global. No obstante, ello tampoco asegura que el aumento se de en forma homogénea en todos los sectores laborales, puesto que en aquellos puestos informales los aumentos podrían ser significativamente menores respecto de los formales.

Para el caso argentino, Groisman (2012) destaca que el alza de los salarios mínimos no se encuentra asociado a ningún impacto significativo sobre el nivel de empleo. Asimismo, tampoco se constata que el aumento en la remuneración mínima genere una mayor vulnerabilidad en los sectores menos pagos de modo que se los amenace con ser expulsados del mercado laboral o redireccionados a la informalidad. En este sentido, los resultados de Groisman para la economía argentina parecerían contradecir aquellos observados para Estados Unidos.

Sin embargo, Kostzer (2006) atribuye este fenómeno a las condiciones iniciales en que se realizó el ajuste del salario mínimo, que está relacionado con la disminución en los costos laborales relativos, así como también en la importante recuperación de la economía que partía de una holgada capacidad instalada de stock de capital. Este proceso, a su vez, se dio en un escenario inédito de equilibrio macroeconómico, lo que no sólo no afectó la creación total de empleo, sino que indujo a la creación de puestos de trabajo registrados en una proporción de 85 de cada 100 nuevos puestos en el segundo semestre de 2004. Así, debido a las condiciones particulares en las que se presenta el aumento del mínimo y que su análisis es meramente observacional, el autor enfatiza en que no se deben realizar correlaciones a partir de estos datos.

Por otro lado, anteriormente se hacía referencia a los diferentes impactos que pueden sufrir los trabajadores dependiendo de si tienen un empleo en el sector formal o informal. Esto no debe ser tomado a la ligera, puesto que la informalidad laboral en Argentina representa un tercio del mercado de trabajo en promedio. En este contexto, un aumento discrecional del salario mínimo podría gatillar una mayor brecha salarial entre empleados formales e informales, sin descartar una sustitución hacia sectores con contrataciones laborales no reguladas.

En contraposición, no parecen ser estas las conclusiones alcanzadas por Maurizio (2018) en torno al impacto distributivo de esta institución laboral: un aumento del salario mínimo se encuentra asociado a una caída del 2,6% en el coeficiente de Gini (medida universal de desigualdad), donde un 32% de la caída está explicada por el aumento en las remuneraciones mínimas. Así, se verificaría una compresión de las colas de la distribución salarial, justificando su imposición. 

Al replicar el estudio para Brasil en la década del 2000, la economista destaca una disminución del Gini del 2.4%, de los cuales un 84% estaría explicado por el aumento del salario mínimo. Al igual que Kostzer, Maurizio enfatiza en la importancia del contexto en el cual se llevan a cabo estos estudios, puesto que el incremento salarial llevado a cabo en Brasil se dio en un contexto de crecimiento de empleo y fuerte formalización laboral.

Para el caso chileno, encuentra que los leves efectos que tuvieron los cambios en el valor del salario mínimo sobre los indicadores de desigualdad no fueron estadísticamente significativos, probablemente debido a que el incremento en términos reales del salario mínimo en este país fue menor que en los demás países estudiados (alrededor del 40%, mientras que los otros Estados vivenciaron incrementos de entre el 100% y el 200%).

Finalmente, cabe mencionar el trabajo de Dolton y Bondibene (2012) donde llevan a cabo un análisis del impacto del salario mínimo en 33 países de la OCDE entre 1971 y 2009. En el mismo, se destacan efectos negativos sobre el nivel de empleo joven, pero no para la población adulta. Ello podría estar asociado a los mayores costos de desvincular personal calificado, mientras que puestos más operativos o de baja calificación cuentan con mayor facilidad de ser reemplazados o suprimidos. 

Al principio de esta nota se propuso afrontar la discusión desde un enfoque positivo que permita ir a la raíz de la problemática y, en base a ella, evaluar si la herramienta propuesta es útil o no para resolverla. Desde una óptica de equilibrio parcial, la implementación de un salario mínimo superior a la productividad del trabajador que “garantice” un piso de remuneración generaría un exceso de oferta de trabajo, lo cual se traduciría en una mayor tasa de desempleo. 

Sin embargo, en vistas de la literatura trabajada, este no debe por qué ser siempre el caso. Como se ha expuesto, la presencia (o ausencia) de efectos colaterales producto de instaurar (o aumentar) el salario mínimo dependerá del momento del ciclo en que se encuentre la economía. Es decir, si el producto nacional se encuentra expandiéndose (crecimiento) o contrayéndose (recesión). Para la primera situación, la evidencia parecería indicar que no habría repercusiones a nivel agregado de empleo. No obstante, en caso de que la economía se encontrase en una fase de estancamiento o crisis, elevar el salario mínimo podría tener efectos no deseados. Por tanto, resulta óptimo evaluar cuidadosamente el contexto en el que se ejecute la instrumentación de este tipo de políticas, de modo de minimizar el trade-off entre equidad y eficiencia y alcanzar, así, una buena cuota de ambos. 

Bibliografía

Brown, Charles, Kohen, Andrew y Gilroy, Curtis (1982). Time-Series Evidence of the Effect of the Minimum Wage on Youth Employment and Unemployment. The Journal of Human Resources, 18, 3-31.

Cerejeira, Joao (2008). Young Employment, Job-Skill Composition and Minimum Wages: Evidence from a Natural Experiment.

Cox, James C. y Oaxaca, Ronald L. (1986). Minimum Wage Effects with Output Stabilization.

Dickens, Richard, Machin, Stephen y Manning, Alan (1999). Estimating the Effect of Minimum Wages on Employment from the Distribution of Wages: A Critical Review.

Dolton, Peter y Bondibene, Chiara R. (2012). The International Experience of Minimum Wages in an Economic Downturn. Economic Policy, vol. 27, 69, 99-142.

Groisman, Fernando (2012). Salario Mínimo y Empleo en Argentina. Revista de Economía Política de Buenos Aires, vol.11, 9-47.

Kostzer, Daniel (2006). Argentina: La Recuperación del Salario Mínimo Como Herramienta de Política de Ingresos. Marinakis, A. y Velasco JJ (2006), 35-105.

Maurizio, Roxana (2018). Labor Market and the Distribution of Wages in Latin America. The Role of Minimum Wage.

Mot, Esther y Teulings, Coen (1990). Minimumjeugdlonen en Wekgelegenheid.

Pereira, Sonia C. (1999). The Impact of Minimum Wages on Youth Employment in Portugal.