Esta semana el INDEC dio a conocer los datos de empleo, pobreza y distribución del ingreso del 2º trimestre de 2021. En el presente artículo abordamos su evolución e implicancias.

El mundo camina hacia una normalización de las actividades en virtud de planes de vacunación masivos que comienzan a dar resultados, lo cual provoca una sensación de que superación de la pandemia. Sin embargo, algunos de sus impactos dejan huella, generando secuelas que se perpetúan en el tiempo. Entre algunas de ellas se encuentra el apartado productivo, el cual se vio significativamente afectado durante la vigencia de las restricciones que intentaban frenar la ola de contagios.

En 2020 cerraron unas 20.200 empresas, lo que da cuenta de una capacidad productiva vapuleada, a la que se le suman 3 años consecutivos de recesión. Ya algo más normalizada la actividad, por primera vez en julio se consiguió alcanzar dos meses seguidos de crecimiento en lo que va del año. No obstante, haciendo una comparativa contra diciembre del año pasado, la economía operó sólo un 2,5% por encima de aquel entonces, lo que se traduce más bien en una lenta recuperación. Todo ello parecería indicar que el proceso de reactivación tomará algo más de tiempo en nuestro país. Si bien se espera que este año la economía crezca un 8%, comparando punta a punta (diciembre 2021 vs. diciembre 2020), el crecimiento se reduciría simplemente a 3%. En este sentido, la recuperación de este año obedecería más bien a un rebote de la actividad, el cual está lejos de compensar la caída del 9,9% experimentada el año pasado. Es así como recién hacia mediados de 2022 la economía superaría levemente los niveles de actividad promedio de 2019, aunque todavía se ubicaría por debajo de los niveles de 2018.

Dado que la actividad busca retomar impulso, desde el Poder Ejecutivo Nacional se apeló a una política de ingresos que permita aumentar el ingreso disponible para consumo a través de un atraso cambiario, congelamiento de tarifas y la reapertura de paritarias, en un contexto donde el aumento de los precios alcanza el 50% anual desde hace ya tres meses. Sin perjuicio de ello, el punto de partida luce algo magro, pues el salario real acumula una pérdida del poder adquisitivo del 23%^[1] desde el máximo alcanzado a finales de 2017, mientras que la desocupación es una problemática que llevará tiempo corregir. Por lo tanto, esto podría indicar que los estímulos por el lado de la demanda podrían resultar insuficientes, por lo que la economía necesitaría una política de shock desde el lado de la oferta (ampliar la capacidad productiva a través de la inversión), lo cual tiene un proceso de maduración natural.

De igual modo que miles de empresas cerraron sus puertas durante el año pasado, también se perdieron puestos de trabajo. Es así que durante los meses de abril, mayo y junio de aquel entonces 2,5 millones de personas perdieron su empleo.  En base a los nuevos datos publicados por INDEC esta semana, se concluye que ese número hoy se ubica en torno a 2,1 millones de personas. No obstante, cabe destacar que durante el 2º trimestre de este año no hubo creación de empleo^[2]. Si bien el desempleo se redujo de 10,2% (1º trimestre 2021) 9,6% (2º trimestre 2020), esta caída responde a una merma en la población económicamente activa, por lo que al haber una menor cantidad de personas buscando trabajo (paso a la inactividad), la tasa de personas desocupadas se reduce.

Respecto a los salarios, en julio el promedio general registró una mejora del 4,9%, lo que se traduce en un aumento real -descontando la inflación- del 1,8%, logrando revertir la caída en términos reales que se venía dando hace 3 meses de forma consecutiva. De todos modos, de compararse con un año atrás, el promedio de los salarios continúa perdiendo contra la inflación, ostentando una variación real negativa del 2,9%. En este sentido, los ingresos de los trabajadores acumulan un cuarto año de caída.

Por otra parte, el dato sobre la distribución del ingreso funciona como radiografía de la confección social argentina. En este, puede apreciarse que durante el 2º trimestre el ingreso medio ponderado se ubicó en $43.907 por persona (un 3,6% más que en el trimestre previo vs. una inflación del 12,2% promedio entre trimestres). Asimismo, el ingreso promedio ponderado per cápita de los hogares (una medida que aproxima con cuánto dinero cuenta cada miembro de un hogar) se ubicó en $26.212. Nutriendo de perspectiva al dato, significa que el 60% de los hogares argentinos viven con ingresos inferiores al promedio nacional. Se destaca también una reducción de la brecha de ingresos entre el decil más rico y el más pobre, a pesar de una menor asistencia fiscal en los hogares de menores recursos, donde la participación de los ingresos no laborales en el total de ingresos pasó del 57% para el 1º decil y del 45% para el 2º decil al 40% y 27%, respectivamente. Dicha disminución responde principalmente a una reducción del gasto asistencial inyectado durante los meses de mayores restricciones a raíz del auge de la pandemia.

Finalmente, otro de los datos relevantes que dio a conocer INDEC fue la incidencia de la pobreza, la cual se redujo un 1,4% durante el primer semestre del año (pasando del 42% al 40,6%^[3]), lo que significa que 450.000 personas abandonaron su condición de pobre. No obstante, vale mencionar que la comparación se hace contra el registro más alto de los últimos 15 años, consecuencia del impacto de la pandemia. Un aspecto particular de este proceso de recuperación social se encuentra en la dinámica que exhibe la indigencia, la cual se incrementó levemente (0,2%) respecto de fines del año pasado, lo cual estaría explicado por un aumento de los precios de los alimentos algo mayor al nivel general, lo que repercute plenamente en los hogares de menores recursos, explicando esta divergencia entre una reducción de la pobreza y un incremento de la indigencia.

Si bien la tasa de pobreza disminuyó en el agregado, se observa un acrecentamiento en los adultos mayores, para los cuales la incidencia aumentó casi 2 puntos porcentuales. Esto podría verse exacerbado por un haber jubilatorio que perdió un 8% contra la inflación entre semestres, encareciéndose así el costo de vida para la porción retirada de la sociedad. Por su parte, la pobreza infantil cede levemente, aunque continúa en valores elevados que se mantienen por encima del 50% desde hace 2 años.

En síntesis, la falta de crecimiento económico tiene implicancias que se cristalizan en un mercado laboral débil a la hora de absorber mano de obra, lo que se conjuga con un poder adquisitivo del salario que continúa erosionado. En este sentido, resultaría preciso un programa integral que alcance tanto a la demanda (trabajadores y consumidores) como también a la oferta (empresas) en simultáneo, de modo de generar un círculo virtuoso que permita reactivar la actividad integrando a todos los actores de la economía. Sin dudas, lograr un proceso de estabilización que permita una reducción en la tasa de inflación se presenta como uno de los principales desafíos, al mismo tiempo que reviste una condición necesaria para permitir reconstruir la posición financiera de las familias, como también dotar de certidumbre a las empresas que deseen embarcarse en proyectos de inversión y ampliación de su capacidad productiva.

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^[1] De forma desagregada, la misma resulta del 33,3% para los trabajadores informales y del 18,4% para los registrados.

^[2] Si bien la tasa de desocupación disminuyó del 10,2% (1º trimestre 2021) al 9,6% (2º trimestre 2021), esto halla su razón de ser en la contabilidad de las cuentas nacionales. De acuerdo con estas, quienes no buscan trabajo dejan de formar parte de la población económicamente activa, por lo que no forman parte del mercado laboral y, por tanto, no están desempleados. Esto es lo ocurrido durante el 2º trimestre, por lo que la tasa de desocupación sufre una leve mejora, pese a que el mercado laboral no haya absorbido ningún desempleado.

^[3] Unos 4,7 millones de hogares, equivalente a 19,1 millones de personas.