La restricciones a la circulación, bien conocidas como cuarentenas, tienen como fin evitar el contacto de persona a persona, principal medio de contagio del virus. En un mundo ideal, los países podrían implementar cuarentenas eternas hasta el punto en que la enfermedad deje de circular y volver rápido a la normalidad. Sin embargo, en el mundo real, las personas necesitan trabajar, por lo que necesitan interrelacionarse, puesto que no todas las actividades son realizables bajo la modalidad de teletrabajo.

Lo que se denota de forma subyacente es el impacto regresivo que tiene la cuarentena en nuestro entramado social. Puesto de otro modo, el aislamiento rígido afectaría en mayor medida a los trabajadores de menores capacidades, aquellos que precisan realizar sus actividades in situ, mientras aquellos con mayores cualidades pueden apelar al teletrabajo, puesto que se dedican en mayor proporción a tareas intensivas en conocimiento, no tan dependientes del esfuerzo físico, por ejemplo.

El año pasado vivimos un cuarentena de 7 meses, una de las más prolongadas a lo largo del globo, y nuestra sociedad ya se prepara para vivir una secuela de esta. No obstante, no se debe apartar el foco de atención en los efectos colaterales que tiene la imposición de tan ásperas restricciones. 

En el plano económico, la contracción de la actividad en los meses de pleno aislamiento superó el 20% y culminó con una caída promedio del 9,9% en 2020. Para tener una dimensión de ello, en 2002 la caída de la actividad promedió el 10,9%. Mientras tanto, para mantener la capacidad instalada, un país como el nuestro debería tener un ratio de Inversión/PBI en torno al 17%. En caso de querer crecer debería ser del 20%. Para el 2020 el ratio de Inversión/PBI fue del 11,6%. Todo esto es el claro reflejo de no permitir a las personas ir a trabajar ni tampoco salir a consumir.

Paralelamente esto se hizo sentir en el mercado de trabajo, donde las tasas de desempleo tocaron máximos históricos del 29% durante el segundo trimestre, para ubicarse actualmente en torno al 14%. No obstante, algo que resulta alarmante es la falta de recuperación del empleo registrado, puesto que la única generación (o simple recuperación) parece responder a empleos informales.

Asimismo, en la medida que las personas son encerradas en sus hogares y la situación general se nutre de incertidumbre, aumenta lo que en economía se denomina la demanda de dinero. Es decir, el deseo por poseer dinero en forma de moneda y no transaccionarlo por otros bienes. Básicamente lo que se propone es que las personas gastan menos, por lo que acumulan más billetes. Esto tiene dos razones de ser. Por un lado, al estar confinados, no pueden consumir, generando una caída de la actividad con su consecuente contracción en el nivel de empleo, como se mencionaba anteriormente. Por el otro, aumenta la demanda precautoria de dinero, que se traduce en un ahorro personal para contingencias, producto de la incertidumbre general. De este modo, la sociedad queda cuasi fraccionada en dos: mientras un sector pierde su empleo o se encuentra en elevado riesgo de hacerlo, el otro ahorra y acumula riqueza (un ejemplo de ello fue el notable aumento en la venta de automotores que dejó a las concesionarias sin stock para el año en curso). 

Puesto que el gobierno intentó morigerar los efectos nocivos de la cuarentena a través de una mayor asistencia social, requirió de financiamiento para cumplir con dicho objetivo. No obstante, este vino principalmente en forma de emisión monetaria por parte del Banco Central, donde, desde el comienzo de la cuarentena, las Transferencias de Utilidades ascendieron a 1,6 Billones de pesos, las cuales fueron reforzadas por otros 225.000 millones en la forma de Adelantos Transitorios. De este modo, la monetización del déficit alcanzó el 6,8% del PBI^[1]. Consecuentemente, desde principio de año estamos vivenciando una aceleración de la tasa de inflación, en especial en los alimentos que actualmente aumentan a un ritmo del 4,5% mensual (redundando en un aumento anual del 69%), lo cual afecta en mayor medida a los que menos tienen y contribuye a erosionar toda base de equidad. 

Por otro lado, las crisis suelen generar nuevos pisos en las tasas de pobreza, los cuales luego son difíciles de revertir. La pandemia no fue la excepción, donde al igual que en otros escenarios en extremo recesivos, se observa una acentuación de la pobreza. Haciendo un breve racconto, luego de los episodios hiperinflacionarios de 1989, Argentina alcanzó una tasa de pobreza del 47%. Más tarde, durante el gobierno de Carlos Menem, producto de la estabilización de la economía a través de su plan de convertibilidad, la pobreza se redujo drásticamente hasta alcanzar su valor más bajo del 16% en 1994, según datos de INDEC. Finalmente, cuando el régimen cambiario cae en 2001/02, más de la mitad de la sociedad argentina estaba inmersa en la pobreza (54%). Esto sólo se vio revertido gracias al crecimiento económico que el país atravesó en los años posteriores. 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

De este breve repaso pueden extraerse dos conclusiones. Por un lado, la pobreza crece de forma explosiva luego de una crisis económica de magnitud, naturalmente. En segundo lugar, esta dinámica se revierte con crecimiento sostenido. 

Argentina hoy se encuentra en un coma autoinducido. Por un lado, la brutal caída de la actividad, producto de los lockdowns, condujo al cierre de 20.800 empresas y la destrucción de millones de puestos de trabajo, lo cual condiciona la recuperación económica. Al mismo tiempo, el costo de vida aumenta^[2] y les impacta en mayor medida a los más necesitados, cuya participación de los medios de subsistencia ocupa una porción más alta en sus ingresos. En estricto rigor, el año pasado la pobreza cerró en un 42%, creciendo un 15,5% respecto de 2019. Del mismo modo, también aumentó la brecha de pobreza, es decir, la distancia entre el ingreso promedio percibido por los hogares pobres respecto de la canasta básica promedio de un hogar pobre. 

Por tanto, cabe mencionar que las disposiciones referidas a las restricciones de circulación no resultan inocuas a la configuración de nuestra tejido social. Por tal, podría decirse que la profundidad de la cuarentena, a pesar de las exigencias sanitarias, también es proporcional a la brecha social que se quiere tener. Esto es algo que deben tener en mente los hacedores de política a la hora de tomar decisiones, en un marco donde la capacidad fiscal luce exigua, puesto que instaurar una cuarentena es más fácil que eliminarla, debido a los costos reputacionales asociados a reconocer las falencias e impericias que la misma supone[MDLA1].

A modo de conclusión, podría decirse que las autoridades económicas y sanitarias se encuentran en una delicada situación donde ambos equipos se encuentran tratando de minimizar pérdidas en simultáneo. Por tal, se requiere de una coordinación muy prolija entre estos, de modo de alcanzar los objetivos propuestos, con la menor cantidad de costos posibles, en términos de vidas y empleos. De este modo, investigadores del MIT a través de un modelo SIR de multirriesgo han estudiado el escueto abanico de políticas que tienen a disposición los gobiernos, proponiéndolo como un problema de optimización donde se buscan minimizar tanto las pérdidas económicas como humanas.

Fuente: Acemoglu, D., Chernozhukov, V., Werning, I., & Whinston, M. D. (2020). A multi-risk SIR model with optimally targeted lockdown. NBER working paper, (w27102).

Finalmente, los autores sugieren que las políticas universales, verticales a todos los grupos de la sociedad, no resultan ser las más eficientes a la hora de resolver este problema de optimización (entre economía y salud). Por tanto, más bien sugieren políticas focalizadas combinadas con distanciamiento entre los diferentes grupos etarios y testeo y aislamiento de los posibles infectados. De este modo, sus resultados destacan que dichas políticas específicas pueden mejorar tanto la salud pública como los resultados económicos.

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^[1] 7,5% si se toma desde principio de año.

^[2] Mientras el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) fue del 34,1% según estadísticas de INDEC, el aumento en el costo de los alimentos y bebidas fue del 38,4% en 2020, categoría que representa la tercera parte del índice y principal componente de la canasta de consumo de los hogares de menores recursos.

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